Esta semana se celebra en Ciudad Real el juicio oral por los vertidos sin depurar que se hicieron al río Azuer en 2013. La Fiscalía pide penas de cárcel para el exalcalde de Manzanares, Antonio López de la Manzanara, y para el exconcejal de Medio Ambiente, Manuel Martín-Gaitero, así como para el alcalde de Membrilla, Manuel Borja, y para la concejala de ese municipio, Trinidad Alcaide.
Los cuatro tendrán que declarar como investigados a partir de este martes una vez abierto el juicio oral que tendrá que dirimir si permitieron, en el ejercicio de sus funciones, vertidos ilegales que acabaron afectando a las Tablas de Daimiel, informa Europa Press.
Según el escrito en el que la Fiscalía solicita la apertura de juicio oral, se pide una pena de dos años y medio de cárcel para los cuatro políticos por unos hechos ocurridos entre mediados de 2013 y 2014.
El fiscal considera probado que los alcaldes y concejales acusados “permitieron y consintieron” los vertidos de dos cooperativas, a pesar de que ellos eran los “máximos responsables” de “controlar y regular”, y dejaron que se incorporaran a la red de saneamiento de sus municipios vertidos industriales sin pretratamiento “con una alta carga contaminante” y, además, “una especial gravedad e incidencia en la calidad del medio receptor”.
Los hechos, según el Ministerio Fiscal, se descubrieron a finales de 2013 cuando el Seprona detectó cambios en las propiedades organolépticas del río Azuer e iniciaron una investigación que concluyó con un atestado en el que se determinó que dos cooperativas, coincidiendo con la época de vendimia, habían vertido residuos sin tratar al alcantarillado municipal. La Fiscalía añade que ni los alcaldes de Manzanares y Membrilla ni sus concejales de Medio Ambiente pidieron informes a la Confederación Hidrográfica del Guadiana para autorizar vertidos ni tampoco le exigieron a las empresas de las que provenían que los trataran previamente.
En el escrito de la Fiscalía dirigido a la Audiencia Provincial, se considera que esta permisividad “es especialmente grave” puesto que los vertidos afectaron a las Tablas de Daimiel y “contribuyeron a la actual situación de ruptura del ecosistema acuático del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, imposibilitando el normal funcionamiento de sus procesos ecológicos y de su biocenosis”.
El Ministerio Fiscal considera que se causaron daños por más de 71.000 euros en la calidad de las aguas del dominio hidráulico, por lo que pide que se condene a estos cuatro acusados, así como a los responsables de las dos cooperativas a los que también se acusa, para que abonen esa cantidad a la Junta de Comunidades.
Por este presunto delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, la Fiscalía solicita también que se condene a los cuatro políticos a su inhabilitación para ejercer el cargo de alcalde o cualquier otro público relacionado con el medio ambiente.
